Las administraciones podrían pasarse a la factura electrónica

El Partido Popular quiere debatir en el Pleno del Congreso el uso de la factura electrónica en la administraciones, una medida que ayudaría al Estado a ahorrar y podría ayudar a evitar fraudes, ya que todos los apgos y cobros quedarían registrados.

Así, el partido mayoritario en el Congreso hará una proposición no de ley que pedirá al Gobierno que acelere la puesta en marcha del uso de la factura electrónica, una medida aún poco extendida en las administraciones públicas y también entre los ciudadanos españoles.

De acuerdo con un estudio realizado por el Ministerio de Industria a través del Plan Avanza, el uso de la factura electrónica en las administraciones públicas podría ayudar a ahorrar 2,78 euros para el receptor de cada factura y 0,70 euros al emisor, lo que supondría al año un ahorro de 15.000 millones de euros para el Estado frente a las facturas que se utilizan en la actualidad.

La Administración Pública estableció el uso obligatorio de la factura electrónica para todos sus proveedores ya en 2010, en base a la Ley 30/2007 de 30 de octubre, pero esta aún está en proceso de enmiendas y no se aplica totalmente.

Coincidiendo con este debate, la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI) ha afirmado públicamente que los ciudadanos también muestran su rechazo al uso de las facturas electrónicas y, un estudio presentado por la organización afirma que el 67,4 % de las personas sigue prefiriendo recibir facturas de papel.

Además, el mismo estudio que refleja el FUCI, la mayor queja de los usuarios viene sobre que preferirían ser ellos quienes elijan el formato de la factura.