El 1 de febrero concluye el plazo para abandonar los Instrumentos de Cobro y Pago tradicionales, que tienen que ser sustituidos, por legislación europea, por la normativa SEPA, siglas que significan en español zona única de pagos en euros que pretende facilitar que ciudadanos, empresas y otros agentes económicos puedan efectuar y recibir pagos en euros en Europa, dentro y fuera de las fronteras nacionales, en las mismas condiciones y con los mismos derechos y obligaciones, independientemente del lugar en que se encuentren.
Sin embargo, el fabricante español alerta en un comunicado de prensa sobre “la falta de previsión para solventar los últimos detalles”. De hecho, Isabel Pomar, directora comercial de Datisa, asegura que “a pesar de los esfuerzos que hemos realizado los fabricantes, tanto en el apartado de desarrollo como en el de comunicación y formación, hemos detectado aún, ciertas irregularidades en los procesos de cobro y pago a través de la normativa SEPA“, provocados por la falta de previsión o determinación de la propia Administración y de algunas entidades bancarias que dan por buenos algunos archivos, no utilizados habitualmente.
Para ayudar a sus socios y clientes a comprender la SEPA, Datisa ha organizado un seminario online que arranca mañana hasta el 21 de enero y otro presencial en la ciudad de Madrid para el 22 de enero con el objetivo de dar a conocer en qué consisten las normativas de transferencias SEPA “y las implicaciones que puedan tener en los procesos de cobros y pagos”.
Tal y como explican desde la web oficial de la SEPA, este sistema “permite que los pagos en euros entre cualquier cuenta ubicada en la zona de aplicación, se realicen de forma tan sencilla como se viene realizando actualmente un pago nacional, lo que facilita el acceso a los nuevos mercados”. Los clientes pueden con una única cuenta, una única tarjeta y unos instrumentos de pago con idénticas características, realizar pagos en cualquiera de los 34 países de la zona.
Las empresas perderán hasta el 40% de sus ingresos anuales si no cumplen con la normativa de autorización de pagos
Por otro lado, según datos de TBS, se calcula que hasta un 80% de las compañías españolas no cumple en su totalidad con dichas normas, lo que lleva a que “los clientes podrán devolver los recibos de hasta 13 meses atrás de aquellas empresas que no dispongan de una orden firmada por el deudor”.
Y, añade la firma, se calcula que las pérdidas por no disponer de ese documento firmado legalmente podría llevar a compañías españolas en su conjunto a perder hasta en un 40% de sus ingresos anuales.
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