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El Consejo de Ministros ha aprobado una reforma a la Ley General para la Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios que, entre otros asuntos, obliga a que los vendedores online reflejen el precio final de los productos consumidos a través de Internet, antes de que concluya la transacción, para evitar las cargas encubiertas, como sucede en ocasiones.

Según explica el comunicado oficial presentado por La Moncloa, las medidas para evitar las “cargas encubiertas” recogen que el empresario tendrá que “velar porque el consumidor, al realizar un pedido a través de Internet, confirme que es consciente de que éste implica una obligación de pago. De este modo, el usuario siempre tendrá que aceptar el precio final antes de que concluya la transacción”.

Por ello, “si el empresario no obtiene el consentimiento expreso del consumidor para un pago adicional al acordado y, en su lugar, lo deduce utilizando opciones por defecto, el usuario tendrá derecho al reembolso del pago”.

Lo que el consejo de Ministros ha hecho ha sido incorporar la Directiva Europea de Derechos de los Consumidores, refuerza la seguridad jurídica de los consumidores y empresarios en operaciones de comercio electrónico. Relacionado con esto, se obliga a que se amplíe la información precontractual que, por Ley, habrá que facilitar a los consumidores y usuarios, sobre todo cuando formalicen contratos a distancia.

Por otro lado, la modificación a la ley que protege a los consumidores, amplía el plazo legal para que el comprador pueda desistir del contrato a un mínimo de 14 días naturales y se amplia el plazo de las devoluciones, de los 7 días actuales a 14.

Otra de las grandes novedades de esta nuevo normativa es que el proyecto completa la información que habrá que facilitar por ley a los consumidores y se les amplía los derechos en cuanto a los plazos de entrega y al riesgo de pérdida o deterioro del bien adquirido.

Además, la nueva legislación aborda la contratación telefónica de bienes y servicios, y propone un sistema que proteja a los consumidores y usuarios, y que al mismo tiempo no supone cargas excesivas para los empresarios. Se trata de un modelo consensuado entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del Instituto Nacional de Consumo, y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.