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Su ampliación aumentó las protestas

El 18 de diciembre de 2007, durante la segunda legislatura de José Luís Rodríguez Zapatero, el canon se empezó a aplicar a nuevos dispositivos como grabadoras de CD+DVD, reproductores de MP3 y MP4, teléfonos móviles o PDAs capaces de almacenar o reproducir música y llaves USB.

La medida fue el resultado de un acuerdo firmado entre las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual (con la SGAE al frente) y Asimelec. Esto provocó una gran polémica debido a que los soportes citados se usan con frecuencia para otros fines ajenos a la copia privada.

También fue motivo de indignación que el acuerdo se negociara sin la participación de consumidores, colegios profesionales y autoridades.
Los defensores del pacto señalaron en su momento que, al establecerse éste entre particulares, la consulta a terceros era innecesaria. Además, dado que resultaba imposible determinar con exactitud el número de copias realizadas de cada obra, la mejor solución era fijar una compensación general para garantizar la adecuada remuneración del los autores.

En su momento multitud de entidades de muy diversos sectores expresaron su malestar por el establecimiento del Canon. Dentro del sector TIC, las voces más críticas (casi siempre “off de mic”, todo hay que decirlo) se quejaban de la subida de precios que suponía grabar los productos, negativa tanto para distribuidores como para el consumidor final, a causa del establecimiento de un impuesto que iba a beneficiar a entidades privadas.

Especialmente delicada se volvió la posición de las filiales españolas de algunos fabricantes internacionales que también estaban presentes en países cercanos al nuestro. Muchos de sus clientes españoles decidieron adquirir sus productos en los países cercanos debido a que el canon no se aplicaba en ellos o era sensiblemente más bajo.