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Durante los seis primeros meses de 2009, en España se emprendieron 160 acciones legales contra empresas, distribuidores y entidades que vulneraron los derechos de propiedad intelectual del software. Al menos así lo ha dado a conocer BSA (Business Software Alliance), asociación que lucha para erradicar la comercialización y el uso de aplicaciones ilegales.

Como resultado de esas acciones, las compañías españolas implicadas han tenido que hacer frente a unos costes de casi 400.000 euros, cifra que resulta de sumar las indemnizaciones por perjuicios, que ascendieron a 246.000 euros, y los 150.000 euros por regularizaciones, es decir, la compra de software para sustituir al ilegal intervenido. Y todo ello sin incluir los costes de los procesos judiciales.

Además, BSA reclaca que España es uno de los países de EMEA donde se han producido más denuncias por uso de software ilegal en el transcurso de 2009: hasta 324 casos. “Creemos que esta situación puede deberse a una mayor concienciación a todos los niveles de la ilegalidad que supone vulnerar los derechos de propiedad intelectual del software. Y en cualquier caso, viene a reflejar los riesgos legales a los que se pueden enfrentar aquellos negocios que no cumplen con la Ley de Propiedad Intelectual”, afirma Luis Frutos, presidente del comité español de BSA.

En concreto, entre enero y junio de 2009 esta organización llevó a cabo más de 4.000 acciones legales en EMEA, de tal forma que las compañías implicadas en esta área tuvieron que hacer frente a un coste de 10 millones de dólares, de los cuales 3,4 millones correspondieron a pagos por los daños ocasionados y 6,6 millones de dólares a la compra de software legal.