Un proyecto de ley propuesto por los políticos de Holanda propone modificar la ley para que sea legal hackear las infraestructuras cibernéticas de los criminales o sospechosos de delitos graves, también en territorios extranjeros que hayan cometido algún acto que afecte a los Países Bajos.
La ley, si es aprobada por el parlamento holandés, también obligaría a los sospechosos a desbloquear los datos cifrados al tiempo que permitiría a la policía eliminar datos en los sistemas de destino también. Se espera que el proyecto de ley a ser presentado al parlamento a finales de este año.
Hay personas críticas con esta propuesta que dicen que esto supondría conceder demasiado poder a la policía y podría dar lugar a la violación de la intimidad de ciudadanos inocentes. Así, por ejemplo, la organización Bits of Freedom con sede en Holanda, afirma que el proyecto no sólo dañaría la privacidad de los ciudadanos, sino que también trabajaría contra los esfuerzos llevados a cabo en el país contra la delincuencia cibernética.
Como ejemplo, explica Bits of Freedom en su blog que “los países, como China, podría usar esta medida para justificar sus propias actividades y así, siguiendo el ejemplo holandés, podrían permitir a sus policías usar los mismos métodos, incluyendo la piratería en el extranjero, con el fin de eliminar los datos controvertidos “, haciendo de los civiles víctimas de las prácticas de hacking de los gobiernos.
Sin embargo, como publica TechWeekEurope, en los últmos años ha habido un cambio de actitud en el sector privado en lo que respecta a la piratería de vuelta también. Así, está CrowdStrike, la empresa más importante del sector, formada por antiguos agentes del FBI y de la empresa de seguridad McAfee y que estudian “hasta qué punto la legislación vigente en Estados Unidos, le permitiría comprometer los sistemas cibernéticos.
De hecho, compañías como la empresa británica Gamma Internacional venden spyware sofisticado y se descubrió que el gobierno alemán se había gastado 150.000 euros en el programa FinFisher, realizado por Gamma, lo que son evidencias de que ya hay gobiernos que acceden a los datos de los ciudadanos.
Las compañías ya tenían una alianza en España.
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