Se aprueba la Ley de Impulso de la Factura Electrónica
La Ley de Impulso de la Factura Electrónica protegerá a los proveedores y será obligatoria a partir del 15 de enero de 2015 para quienes tributen electrónicamente.
La aprobación, por parte del Congreso de los Diputados, del Proyecto de Ley de Impulso de la Factura Electrónica, apoyado por AMETIC, Asociación de Empresas de la Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales, proporcionará grandes ventajas en costes, tiempo, gestiones y procedimientos.
Entre otros sectores a los que afecta esta nueva ley, la industria TIC verá soportada una de sus grandes reivindicaciones, ya que en su compromiso por aportar a la Administración instrumentos que mejoren su eficiencia, la factura electrónica siempre ha sido un alto exponente de la trasparencia y mejora en la gestión que las TIC pueden aportar a los procesos de la Administración Pública.
La aprobación de esta Ley hará posible el uso de la factura electrónica en el sector público y también en el privado, lo que reducirá cargas administrativas y generará ganancias en eficiencia a las empresas, aseguran desde AMETIC, que añade que los proveedores estarán más protegidos en sus relaciones comerciales con las Administraciones Públicas, pues a partir de ahora sus facturas estarán presentadas en un registro administrativo, lo que dejará constancia de las fechas a efectos del devengo de intereses en caso de retrasos en el pago.
Además, se agiliza la tramitación de las facturas, al incorporar las nuevas tecnologías, y se facilita su seguimiento para su pago posterior. Las Administraciones tendrán un mayor control contable de las facturas, lo que permitirá un mejor cumplimiento de los plazos de pago de facturas, un mejor control del gasto público y del déficit, así como profundizar en la lucha contra el fraude.
Todas las facturas tendrán un formato estructurado, que se concretará en una Orden Ministerial próxima, y estarán firmadas electrónicamente, con una firma basada en un certificado reconocido. A partir del 15 de enero de 2015 la factura electrónica será obligatoria para los sujetos que tributen electrónicamente de acuerdo con la normativa tributaria.
Se calcula que la implantación en la Administración General del Estado tendrá un beneficio neto anual de 51 millones y de 2,3 millones en ahorro de papel.