En plena era de la información, la seguridad se ha convertido en un asunto vital no sólo para las empresas sino también para el ciudadano de a pie. El hecho de estar conectados en cualquier momento y lugar hace visible todos nuestros movimientos y, por ende, la información sobre nuestra vida, a miles de millones de usuarios con los riesgos que ello implica. Es cierto que de un tiempo a esta parte, existe una mayor conciencia de los peligros de una exposición excesiva de nuestra vida en Internet. Prueba de ello, es que ya sólo el 10,5% de los internautas españoles usuarios de las redes sociales tiene configurado su perfil de forma totalmente abierta, permitiendo que su información personal sea vista por cualquier otro usuario, según el “Estudio sobre la seguridad de la información y la e-confianza de los hogares españoles” publicado por INTECO, frente al 43% que hacía público todo su perfil en 2008.

A la vista está que privacidad e intimidad son aspectos a los que los usuarios españoles prestan mayor atención en la Red. Esta plausible sensibilización se está produciendo en un período muy corto de tiempo si tenemos en cuenta que la popularización de Internet en los hogares es relativamente reciente, aunque en las empresas lleva un mayor recorrido. Puede ser que la repercusión mediática que tiene cualquier incidencia de seguridad haya ayudado en este sentido, pues cómo se explica sino que, a pesar de que todavía la mayor parte de la información empresarial y personal se almacene en soporte papel, un altísimo porcentaje de las empresas españolas tire sus ficheros a la basura sin destruirlos de forma adecuada, como marca la Ley de Protección de Datos. Y que, incluso en las bolsas de basura en las que se encuentre material triturado se encuentren documentos legibles con datos confidenciales que podrían servir para suplantar identidades con suma facilidad.

La cifra es sorprendente, cuando la actual ley de protección de datos sanciona con multas de hasta 600.000 euros a aquellas empresas que no preserven la confidencialidad de los datos personales de los ciudadanos que manejan o almacenan.  La situación en el hogar tampoco dista mucho, ya que un estudio apunta que el 77% de la información que se tira a la basura contiene datos que pueden ser utilizados para suplantar la identidad de sus propietarios. Pese a lo alarmante de este dato, la gente todavía está poco concienciada sobre la necesidad de destruir adecuadamente la información confidencial, causa por la que, en los últimos cinco años, más de 25 millones de europeos han sido víctimas de crímenes relacionados con el robo de identidades.

Creo que nos sobrarían dedos de la mano si analizáramos cuántos de nosotros, antes de tirar a la basura información personal donde aparezcan números de cuenta, de tarjetas o datos referentes a nuestra identidad, utilizamos una destructora de documentos o lo rompemos en trozos lo más pequeños posible y los desechamos en contenderos de forma periódica y aleatoria de modo que nadie pueda recomponer dicha información.

Es evidente que el camino que tenemos por delante es largo y que la implicación de instituciones y organismos es clave si queremos instaurar una cultura de protección de datos, en la que empresas y ciudadanos preserven y exijan un derecho fundamental como es el de la protección de su información.